Jurisprudencia y resoluciones tributarias
Repasamos los recientes pronunciamientos jurisprudenciales y resoluciones tributarias.
En concreto, analizamos brevemente las decisiones relativas al régimen sancionador del modelo 720, la pérdida de la condición de vivienda habitual, la potestad de la AEAT para exigir información a los obligados tributarios y la posible inconstitucionalidad de los pagos fraccionados mínimos.
La justicia se pronuncia sobre el régimen sancionador del modelo 720
Tras el dictamen emitido por la Comisión Europea requiriendo a España la modificación de sus normas sobre los activos que sus residentes mantienen en terceros países miembros, ahora es la justicia española quien se pronuncia al respecto. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en su sentencia de 28 de noviembre de 2018 ha procedido a anular la sanción establecida por la declaración extemporánea del modelo 720. El fallo anulatorio obedece a la falta de motivación de la sanción, pero adelanta las serias dudas de constitucionalidad de la norma por su evidente desproporción.
Pérdida de la condición de vivienda habitual si se alquila como vivienda turística
Tras la consulta vinculante de la DGT el pasado 24 de octubre de 2018, se confirma que la vivienda pierde su condición de vivienda habitual como consecuencia del alquiler temporal de esta.
En base a ello se perderán los beneficios fiscales asociados a la vivienda, en concreto, el derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual que se viniese practicando. Únicamente se podrá aplicar la deducción por los días transcurridos hasta el primer día de alquiler del inmueble y se podrá volver a tener derecho a la referida deducción a partir del momento en que vuelva a constituir su residencia con los requisitos legales establecidos al efecto.
Potestad de la AEAT para exigir información: ¿dónde están los límites?
Tanto el Tribunal Supremo como el TEAC, en recientes pronunciamientos, ponen en entredicho la potestad de la Administración Tributaria de exigir el suministro indiscriminado de información.
Dichos pronunciamientos reafirman que la potestad de la AEAT no es una facultad ilimitada, sino que queda sujeta a límites como la necesaria relevancia tributaria de la información, la debida justificación y la proporcionalidad en los requerimientos.
Cuestión de inconstitucionalidad respecto a los pagos fraccionados mínimos para las grandes empresas
La Audiencia Nacional ha procedido a elevar al Tribunal Constitucional la oportuna cuestión de inconstitucionalidad por considerar que el régimen de pagos fraccionados establecido para las grandes empresas por el real decreto-ley 2/2016 infringe los limites materiales del real decreto-ley establecidos en el artículo 86 de la Constitución, así como el principio de capacidad económica exigido en el artículo 31.1 del texto constitucional.
Esta decisión de la Audiencia tiene lugar tras el auto del Tribunal Supremo, el pasado 10 de octubre, en virtud del cual se inadmitía un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la propia Audiencia Nacional cuyo principal argumento era instar al Tribunal Supremo para que interpusiera una cuestión de inconstitucionalidad por el mismo asunto.